En España, hace apenas unos días, se votó en el pleno legislativo la llamada Ley Sinde, que pretendía regular, entre otras cosas, los contenidos digitales y el uso de terceros en el territorio español. A pesar de la influencia del gobierno y grupos de presión (corporativos mediáticos, principalmente) en la negociación, la ley no prosperó. Se trataba de un particular estatuto legal promovido por la ministra de cultura (Ángeles González-Sinde), para censurar y penalizar las descargas online con el fin de “proteger a la cultura española y a sus creadores”.
Es un debate largamente añorado en España que por primera vez tiene un eco realmente nacional. Es la primera vez que se debate a fondo la propiedad intelectual y el lugar de los creadores en una sociedad como la española, en el umbral de la digitalización, que al contrario de lo que se piensa, tiene grandes agujeros legales, inconsistencias en el seno de su política cultural y una predilección enfermiza por confundir el ocio, el tiempo libre y el entretenimiento con las artes y la cultura.
Al Estado español le sobran creadores. Le falta público y un gobierno inteligente que separe conceptos, que conozca la significación de lo que trata y explique sus argumentos más allá de la rabieta. Para empezar, con relación esta controvertida ley, que nos digan qué es para ellos la cultura y quién la ejecuta. ¿Un cantante de reggaeton? ¿Un actor norteamericano que aparece en una serie de los años noventa? ¿Un creador de software libre? ¿A quién quieren proteger, al distribuidor del la serie Lost en España o al escultor que no tiene espacio para exponer, al actor que no ha recibido su pago o al pianista que no tiene público para el cual tocar?
El problema – muy común en la vieja Hispania – es confundir humanismo con humanidades. El entretenimiento no es cultura, es entretenimiento. Se debe pagar por él, claro que sí, pero en términos justos, equilibrados y entendiendo que los ficheros en la web tienen una demanda mayor, un acceso poco restringible y ofrecen, más de las veces, contenidos alejados de la cultura como expresión humana sublime, reflexión social y experimentación formal. No hay que confundir la protección que el Estado debe garantizar para sus ciudadanos al recibir arte y cultura contemporánea (sin fines comerciales, el Estado no es una empresa, no necesita obtener ganancias) como un derecho, al mismo tiempo que protege su patrimonio histórico tangible o intangible.
La Ley Sinde pretende, con un solo golpe en la mesa, meter en la cesta de la política cultural una serie de conceptos que más de las veces se contraponen, para evitar diseñar una compleja política cultural que influya verdaderamente en los creadores, en los artistas, en el público y en los estudiantes (próximos profesionales) de artes. La Ley Sinde busca garantizar la supervivencia de los distribuidores de entretenimiento, que la mayor parte de las veces facturan fuera de Europa, ayudar a cantantes de moda (que darán votos, al promover la imagen "de protección de la cultura") y a las gestoras de los derechos de autor a recaudar más, a controlar más, a censurar más (dicho sea de paso, firma esto un socio de la SGAE, una de las empresas con mayor influencia en este campo).
Aceptar que esta ley tiene que ver con la creación artística es privatizar la cultura y las artes como medida de precaución política. El arte es un derecho, no un privilegio, sectario por lo tanto debe ser garatizado por el Estado central. El entretenimiento es un consumo, que debe pagarse (los internautas que se niegan a pagar céntimos también se equivocan), a partir de la demanda que genera - pues depende de un sistema industrial - y con base a ese campo de estudio debe producirse la negociación monetaria. Sin duda, hace falta debatir el derecho de autor, la distribución de los bienes culturales y la protección del Estado hacia los agentes culturales propositivos, pero no será a través de una ley censora que confunde a un artista con un producto más de la maquinaria de la farándula.
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